23 marzo 2011

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Carta del Departamento de Justicia y Paz
Quilmes, 24 de marzo de 2011
En el día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia queremos hacer públicas las siguientes líneas relacionadas con dicha conmemoración:

                        Los seguidores de Jesús hacemos memoria por pedido del Señor. Según el texto bíblico, pedido hecho por Jesús a sus discípulos la noche del Jueves Santo, la misma noche del mandamiento nuevo, “ámense unos a otros como yo...”

Ningún cristiano puede dudar de lo íntimamente unido que está este amor de Dios al amor al prójimo. Dios loco de amor por nosotros nos invita a que amemos como Él nos ama. Es el Amor que celebramos en cada Eucaristía, amor de Dios, amor humano, universal e incluyente, a todos y todas. Por eso hacemos Memoria, porque es necesario hacer presente el amor incondicional de Dios y su invitación a amarnos. Desde ese amor queremos hacer Memoria este nuevo 24 de marzo, como seguidores de Jesús queremos expresar las situaciones que nos duelen profundamente porque hieren a nuestros hermanos y hermanas en su dignidad, al vulnerar sus derechos.

                        Al mismo tiempo del pedido Señor, hacer memoria es un mecanismo de protección que tenemos como Pueblo, no para que la historia se adueñe de nuestro presente y futuro como argumentan algunos en contra de la Memoria por la Verdad y la Justicia , sino para evitar reiterar los errores de nuestra pasado, para saber los caminos que no queremos volver a transitar, y que sendas ansiamos recorrer juntos.

                        La senda de la plenitud democrática que hemos decidido recorrer, tiene a los derechos humanos como brújula necesaria para tal fin, pero ante las dificultades, o conflictos sociales que se presentan, siempre hay quien propone dejarlos de lado, de hecho existe en nuestra sociedad, una latente permeabilidad a ciertas ideas retrógradas en perjuicio de los derechos humanos, como las que sostienen que algunos problemas sociales, como los hechos delictivos, serían consecuencia del avance en el respeto de los derechos humanos. No existen razonamientos serios que permitan sostener semejante hipótesis, pero enunciar esto, no nos libra de los problemas sociales que indirectamente amenazan a los derechos humanos, problemas que deben abordarse, pero siempre con mayores esfuerzos en el respeto a los derechos humanos y a la democracia y nunca en su contra. Por ello, en este orden de ideas, no es saludable que desde algún sector con aspiraciones de poder se reivindique a los responsables de tanta muerte en nuestro país, ante ello se hace necesario el ejercicio de la memoria en referencia al terrorismo de Estado que sufrimos durante la última dictadura militar, ejercicio que nos lleva a rechazar cualquier intento por volver a legitimar a sus responsables, y por ende, a rechazar cualquier propuesta en donde se demuestre simpatía o tolerancia con quienes usurpando el poder público, encabezaron un plan para la vulneración sistemática a los derechos humanos, por ello nos unimos al pedido vigente por hacer justicia ante el terrorismo de Estado: cárcel común y efectiva a sus responsables, restitución de la identidad de los jóvenes apropiados, y apertura de los archivos relacionados con la dictadura, como esperamos que suceda en Florencio Varela, en donde estamos aguardando de un momento a otro, la concreción del compromiso asumido por el Intendente de dar a conocer las designaciones de funcionarios políticos entre 1976 y 1983.

                        Pero peor que proponer volver al pasado, es hacerlo volver, el resurgimiento de gravísimos casos de gatillo fácil en la Provincia de Buenos Aires, junto con el continuo relevamiento por nuestra parte de casos de corrupción, abuso de poder, mal desempeño y hasta traición a sus propios compañeros de parte de algunos agentes de la Policía Bonaerense , hacen evidente que no es posible volver en esa dirección como opción para las políticas de seguridad provincial. La “maldita policía” no puede ser alentada, ya sea como política o como efecto colateral de la ingenuidad en la implementación de políticas de seguridad. Luciano Arruga, Rubén Carballo, Giulana Giménez, Miguel Portugal y Lucas Rotella (Baradero), Franco Almirón y Mauricio Ramos (José León Suárez), son sólo algunos de los últimos casos de los que se tiene registro y se reclama justicia. Es absolutamente necesario fortalecer en capacitación a la Policía , los integrantes de la fuerzas de seguridad deben ser verdaderamente educados en el respeto de los derechos humanos, hay que premiar a quienes se destaquen en su ejercicio. Sabemos, porque también hemos tenido contacto con ellos, que existen excelentes profesionales dentro de la Policía de nuestra Provincia, la mayoría de ellos no cuentan con un verdadero reconocimiento por su invalorable trabajo, desde la remuneración económica que debe ser acorde y real con el riesgo que asumen, hasta la herramientas de trabajo y la formación que reciben, todo ello deber ser abordado como política de Estado.

                        Así como no queremos volver a la era del gatillo fácil, queremos dejar de tener jueces relacionados íntimamente con la Dictadura. Hoy la Constitución Provincial exige que para la elección de los jueces se privilegie la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos de los candidatos, sin embargo Julio Ernesto Casanello, que fue intendente de facto de Quilmes desde 1979 hasta la recuperación de la democracia, hecho que de por sí solo demuestra como mínimo una grave afrenta las Instituciones Democráticas, se desempeña actualmente como Juez de Cámara en el fuero Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes, que tiene competencia sobre Quilmes, Florencio Varela y Berazategui. ¿Puede legítimamente ser el encargado de la aplicación e interpretación de las leyes alguien que las ha desconocido en un acto tan grave como el que cometió Casanello? ¿Y si fue fuertemente cuestionado, hasta que abandonó el cargo de Presidente del Comité Olímpico Argentino por estos hechos, no debería ser cuestionado también para ejercer la jurisdicción que indebidamente se le ha confiado? ¿Es posible que en la Provincia de Buenos Aires tengamos un juez que administra justicia que fue intendente de la última y sangrienta dictadura cívico militar en nuestro País? En este 24 de marzo pedimos jueces con la legitimidad que exige el artículo 175 de la Constitución Provincial.

                        Desde otra perspectiva en esta breve carta, resulta necesario para nosotros expresar que existen gravísimos problemas de derechos humanos que deben ser encarados y otros en los que se deben realizar mayores esfuerzos aún. Las graves situaciones sociales que se observan y los reclamos que se realizan ante ellos, no pueden ser respondidos con el abandono, la muerte o el avasallamiento de derechos. La histórica lucha de nuestro pueblo por acceder a una vivienda digna, deja como resultado tres nuevas víctimas: Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez (Parque Indoamericano), pedimos justicia por estas personas y sobre todo más planes efectivos de acceso a la vivienda y la finalización de la criminalización de las protestas sociales para que no se reiteren estos graves hechos.

                        La violencia contra la mujer es un problema en el que se deben realizar mayores esfuerzos aún, son numerosos los casos de violencia en donde las autoridades han sido advertidas de una situación de violencia y el deber de prevención se acrecienta, pero no se responde adecuadamente en auxilio de las víctimas, en muchos casos luego de realizada la denuncia contra el agresor, al menos en el Departamento Judicial de Quilmes, existen casos en que las medidas cautelares no se adoptan dentro de las 48 hs. que establece el artículo 7 de la ley 12569, y los pasos procesales para obtenerlas no están al alcance de la víctima, tal como fue diseñada por el legislador, sino que requiere de una serie de movimientos por parte de la víctima que no todas ellas están en condiciones psicofísicas de dar, a pesar de haber realizado la denuncia. En ese umbral es necesario que el poder judicial actúe de oficio con las herramientas que tiene y que si considera que carece de alguna herramienta, que las requiera al poder legislativo en caso que sean legales, o las pida al ejecutivo si se tratare de recursos presupuestarios.

                        Otra grave situación que hay que abordar son las graves torturas y muertes que se siguen sucediendo una y otra vez en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, en donde además del peligro constante, un obsceno porcentaje de detenidos no tiene sentencia condenatoria, demostrando que lejos de ser una excepción, la prisión preventiva es una práctica generalizada por parte del Poder Judicial Bonaerense, ese contexto no es extraño a la situación de las cárceles en el País, en donde por ejemplo los graves hechos de muertes y torturas que ocurren en las cárceles de Mendoza, son una lamentable y repudiable realidad, asimismo el contexto nacional no desentona tampoco de las graves situaciones que se viven en la cárceles del resto del continente Americano, por ello saludamos con alegría la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos competentes de Naciones Unidas, que han decidido la coordinación de sus actividades en la región. Con onda preocupación instamos a que de una vez por todas el Estado aborde en forma eficaz los problemas carcelarios y se le pongan fin a las prácticas sistemáticas de violación a los derechos humanos que sufren las personas privadas de su libertad.

                        Por último no queremos dejar de señalar nuestra profunda preocupación por la situación de hambre, muerte e injusticia que rodea a los miembros de los Pueblos Originarios de nuestro país, como por ejemplo los asesinatos de los hermanos de la Comunidad “ La Primavera ” en Formosa en el marco de un reclamo legítimo. No puede ser que el Estado siga avalando el saqueo y el robo de tierras de nuestros hermanos y hermanas, y luego ante sus reclamos, los asesine. El Estado debe asumir en forma eficaz todas las obligaciones que surgen del Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes y proteger sus culturas, sus tierras y la vida digna de sus miembros, en consonancia con esta preocupación, nos sumamos al pedido de que se le otorgue jerarquía constitucional al mencionado convenio.

                        En el año en que nuestra diócesis de Quilmes celebra su 35 aniversario, en que conmemoramos el décimo aniversario de la Pascua de nuestro primer Padre Obispo Jorge Novak, incansable defensor de los derechos humanos, invocando la guía del Espíritu y agradeciendo la siempre amorosa presencia de nuestra madre la Virgen María , nos despedimos con nuestro deseo de paz y bien para todos y todas.
Departamento de Justicia y Paz
Vicaría de Solidaridad
                          Obispado de Quilmes
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