El Día brinda la oportunidad de promover actividades encaminadas a lograr el objetivo del disfrute pleno e igual de los derechos humanos y la participación en la sociedad de las personas con discapacidad, establecido en el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982.
La celebración anual tiene por objeto sensibilizar a la opinión pública sobre las cuestiones relacionadas con la discapacidad y movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. El tema para el año 2009 fue “Por unos Objetivos de Desarrollo del Milenio inclusivos: Empoderamiento de las Personas con Discapacidad y sus comunidades alrededor del mundo”. Se basa en la meta de que las personas con discapacidad gocen de sus derechos humanos plenamente y en igualdad de condiciones y su participación plena y efectiva en la sociedad, establecido por el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General en 1982.El concepto de empoderamiento, que se ha convertido en el paradigma de las teorías del desarrollo, se utiliza en el contexto de la ayuda al desarrollo económico y social para hacer referencia a la necesidad de que las personas objeto de la acción de desarrollo se fortalezcan en su capacidad de controlar su propia vida. Un proceso político en el que se garantizan los derechos humanos y justicia social a un grupo marginado de la sociedad. Sólo se logra un cambio significativo en el desarrollo de las sociedades si se cuestionan directamente los patrones de poder existentes. De ahí que la situación de este colectivo en España sigue apostando por la reivindicación y la postura de fuerza ante la Administración. Se promueve la toma de conciencia social sobre las ganancias que se derivarían de la integración completa de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. La reciente sentencia del Tribunal Supremo y que sienta jurisprudencia, en la que se da la razón a una trabajadora del Instituto Guttman para compatibilizar su pensión de gran invalidez con su trabajo, permite recobrar esperanzas de que este colectivo pase de ser un grupo pasivo de la sociedad, a un actor activo y legítimo y que sea contribuyente neto a la Seguridad Social. Pero para ello, se han de poner todos los mecanismos necesarios al alcance de las personas con discapacidad para que logren esa integración. De ahí la importancia de conseguir una accesibilidad universal y desapercibida de la que todos nos beneficiamos y de la que aún nos queda tanto por recorrer, a pesar que la legislación ya está aprobada. O el gran fracaso de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal que ha quedado como un simple parche en el objetivo de la asistencia personal autogestionada o “vida independiente”, en que las personas con diversidad funcional puedan tener el control sobre sus vidas, puedan acceder a las mismas oportunidades y enfrentarse a las mismas elecciones en la vida diaria, de la misma manera que las personas sin diversidad funcional tienen estos hechos garantizados. Las personas funcionalmente diversas tienen derecho a pensar y hablar por sí mismas sin la interferencia de otros.
Si la voluntad política puede parecer que existe, los recursos faltan. Y es que legislar sin presupuesto no sirve de nada. La financiación es otro de los grandes déficits con los que se encuentran muchas entidades de discapacitados. Es importante que estas entidades que prestan servicios tengan los recursos adecuados, y ahora estamos en una situación delicada ya que algunas de ellas han dejado de recibir ayudas. Casi todo depende de las prioridades políticas y mientras la ley dictamina que una empresa con más de 50 trabajadores debe tener un 2 por ciento de empleados discapacitados, ni siquiera la propia administración lo cumple.
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